La parada cardíaca es una de las principales causas de muerte en España, con entre 30.000 y 40.000 casos cardíacos anuales, y un índice de supervivencia de un 4%, muy por debajo del índice de EEUU que se sitúa en un 50% gracias a la implantación masiva de desfibriladores.
A pesar de ello, tan sólo en cuatro Comunidades Autónomas se regula la obligatoriedad de uso del DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático): País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias, que aprobó recientemente el decreto 157/2015 de 18 de junio, siendo obligatorio a partir del 6 de octubre de 2015.
El Gobierno español aprobó en 2009 un decreto en el que se plasmó las bases de la utilización del DESA y el DEA fuera del ámbito sanitario, así como recomendaciones de instalación y requisitos básicos de seguridad y calidad para su correcto funcionamiento, y se dejó a las Comunidades Autónomas establecer los requisitos de utilización. Este decreto no es obligatorio, salvo en aquellas CCAA que así lo han establecido en lugares que cumplen con ciertos requerimientos (según el número de población, centros públicos, tránsito de personas...)
Ante un episodio de parada cardíaca tan sólo disponemos de 5 minutos máximo para reaccionar, cada minuto que perdemos hay un 10% menos de probabilidades de sobrevivir. De ahí la importancia de la concienciación a la población sobre cardioprotección y llevar buenos hábitos de vida.
Ya son muchos los organismos y empresas que se han sumado de forma voluntaria para salvar vidas. Los espacios cardioprotegidos son aquellos que tienen instalado al menos un desfibrilador en sus instalaciones, en correcto funcionamiento y con personal formado en RCP y uso del desfibrilador.
Así lo afirma Nuño Azcona, director general de B+Safe, en la revista 'Sanidad' del Periódico 'El Economista', en donde destaca que en España hay mucho que hacer aún y seguir ejemplos de otros países como Francia, en el que el número de desfibriladores instalados es ocho veces superior al de nuestro país.
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